MSST GPI E4

 MAESTRIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

 

MATERIA: Gestión del Proceso de Inspección 

 

DOCENTE: Mtra. Dania Noemí Delgado Trujillo 

 

EXALUMNO: Carlos Parra Castillo 

 

TAREA: Entregable 4 

 

28/ ABRIL/ 2025

RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO INSPECTIVO Y SU IMPORTANCIA. 

 

 

 Introducción

En el contexto del derecho administrativo laboral mexicano, la inspección del trabajo constituye uno de los mecanismos más relevantes para garantizar la aplicación efectiva de la legislación en materia de condiciones laborales, seguridad y salud en el trabajo (SST), así como la protección integral de los derechos de los trabajadores. Este proceso, encabezado por autoridades como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y sus contrapartes estatales, no solo implica la verificación del cumplimiento de medidas normativas, sino también la facultad de imponer correctivas o sanciones cuando se detectan incumplimientos. Sin embargo, en aras de preservar el equilibrio entre la autoridad administrativa y los sujetos inspeccionados —generalmente personas físicas o morales responsables de centros de trabajo—, el marco jurídico mexicano contempla diversos mecanismos de defensa para impugnar actos considerados como injustos, desproporcionados o ilegales. Estos mecanismos son conocidos como recursos administrativos. 

Los recursos administrativos en el ámbito laboral representan una herramienta jurídica esencial que permite a las empresas ejercer su derecho al debido proceso, manifestar inconformidad frente a resoluciones o actos de la autoridad, y obtener una revisión formal antes de escalar la disputa a una instancia judicial. Su finalidad no es únicamente proteger al administrado, sino también ofrecer a la propia administración pública la oportunidad de corregir errores, valorar nuevas pruebas y garantizar actos administrativos mejor fundamentados. En ese sentido, se configuran como un instrumento clave para el fortalecimiento de la legalidad, la rendición de cuentas y la justicia administrativa en el entorno laboral.

Este trabajo tiene como objetivo exponer de manera detallada qué son los recursos administrativos dentro del proceso de inspección, cuáles son los principales tipos reconocidos en la legislación mexicana, cómo se tramitan y cuál es su impacto real en la vida institucional de las empresas y centros laborales. A través de una revisión y un análisis normativo reflexivo, se busca resaltar la relevancia de estos recursos como garantías de la seguridad jurídica en las relaciones laborales y como elementos fundamentales para el funcionamiento armónico entre los entes reguladores y los sujetos regulados. Asimismo, se propone una reflexión crítica sobre los retos de su aplicación, su accesibilidad y su efectividad, en especial para las pequeñas y medianas empresas, que a menudo desconocen su existencia o carecen de herramientas para ejercerlos correctamente.

Desarrollo

1. ¿Qué son los recursos administrativos en el proceso inspector?

Los recursos administrativos son instrumentos jurídicos mediante los cuales una persona física o moral solicita la revisión de un acto emitido por una autoridad administrativa, en este caso, por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) o los gobiernos estatales con facultades en materia laboral. Su función principal es evitar errores, abusos o ilegalidades por parte de los funcionarios públicos durante el ejercicio de la función inspectora.

Los recursos pueden derivarse de diversos actos como:

Imposición de sanciones económicas.

Clausura parcial o total del centro de trabajo.

Determinación de medidas de seguridad obligatorias.

Emisión de actas circunstanciadas con hallazgos.

2. Marco normativo de los recursos administrativos.

En México, los recursos administrativos se encuentran regulados principalmente por:

Ley federal del procedimiento Administrativo (LFPA).

Ley federal del trabajo (LFT), en lo referente a inspecciones y sanciones.

Ley de amparo, cuando los recursos administrativos hayan sido agotados.

Asimismo, algunos reglamentos y normas secundarias como el Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones y el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo establecen directrices sobre la tramitación y resolución de estos medios de defensa.

3. Principales tipos de recursos administrativos en el ámbito laboral

a) Recurso de reconsideración

Se interpone ante la misma autoridad que emitió el acto.

Tiene como finalidad que la autoridad revise su resolución con base en nuevos elementos.

Su uso es opcional y puede ser un primer filtro antes de acudir a instancias superiores.

b) Recurso de revocación

Proceda cuando la empresa considere que la resolución de la autoridad es ilegal, infundada o desproporcionada.

Se presenta ante la misma autoridad que dictó el acto, pero la resolución puede ser revisada por una instancia superior jerárquica.

c) Recurso de inconformidad

Se presenta cuando las sanciones son impuestas por órganos descentralizados (como el IMSS en temas de riesgos de trabajo).

Tiene particular relevancia cuando se busca impugnar decisiones relacionadas con incapacidades laborales o primas de riesgo.

d) Juicio contencioso administrativo o de Nulidad (vía TEJA o TFJA)

Si los recursos anteriores no se resuelven favorablemente al interesado, puede interponer este juicio ante tribunales administrativos.

Se tramita cuando ya ha sido agotada la instancia administrativa.

4. Procedimiento para interponer un recurso administrativo.

 

El procedimiento varía según el recurso, pero generalmente incluye las siguientes etapas:

1. Presentación del escrito: debe ser por escrito y contener nombre, domicilio, acto que se impugna, fundamentos legales, pruebas y firma.

2. Admisión del recurso: la autoridad revisa si cumple con los requisitos de forma y si fue presentado dentro del plazo (por lo general, 15 días hábiles).

3. Valoración de pruebas: se analiza la documentación y puede citarse a una audiencia.

4. Resolución: la autoridad debe emitir una respuesta fundada y motivada.

5. Notificación: se comunica oficialmente al promover la resolución.

6. Importancia de los recursos administrativos.

 

La existencia de recursos administrativos es clave por varias razones:

a) Garantía del debido proceso

Permitan que el administrado no quede en estado de indefensión y pueda ejercer su derecho de audiencia, defensa y contradicción.

b) Mecanismo de control de legalidad

Facilitan la revisión de actos administrativos y promueven la transparencia y legalidad en la actuación de los funcionarios públicos.

c) Corrección de errores técnicos o de forma

Muchas veces las autoridades cometen errores de hecho o de derecho que pueden corregirse sin necesidad de acudir a instancias judiciales.

d) Reducción de la carga judicial

Evitar que todas las controversias se resuelvan en los tribunales permite una justicia más ágil y especializada.

e) Fomento de la cultura jurídica empresarial

El uso adecuado de los recursos genera confianza en las instituciones y promueve la profesionalización en la gestión de las relaciones laborales.

Análisis crítico 

Si bien los recursos administrativos son una herramienta valiosa, existen varios retos en su aplicación práctica. En primer lugar, muchas pequeñas y medianas empresas desconocen sus derechos frente a un acto de autoridad, lo cual genera desventajas frente a la administración pública. Además, la falta de capacitación o de asesoría legal puede derivar en la pérdida de plazos o en errores de forma que afectan la resolución del recurso.

Otro punto importante es la percepción de parcialidad o falta de autonomía en las autoridades que resuelven los recursos, ya que en ocasiones son revisadas por la misma instancia que los emitidos. Esto ha motivado reformas para fortalecer los órganos internos de control y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas.

No obstante, cuando se emplean adecuadamente, los recursos administrativos cumplen una función equilibrada en la relación empresa-estado-trabajador, sobre todo en temas de SST, donde el respeto a las condiciones de trabajo es esencial para la salud pública y la justicia en México. 

Conclusiones

Los recursos administrativos constituyen una herramienta esencial dentro del marco normativo del derecho laboral mexicano, particularmente en el contexto del proceso de inspección llevado a cabo por autoridades como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Estos mecanismos permiten que los patrones, trabajadores y demás actores involucrados en una relación laboral puedan ejercer su derecho a la defensa, a través de la revisión, impugnación o apelación de actos administrativos que se consideran injustos, irregulares o excesivos.

Su existencia no solo garantiza el respeto al principio de legalidad, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que también proporciona una vía formal, legítima y accesible para corregir posibles errores cometidos por la autoridad durante el ejercicio de sus funciones inspectoras. De esta manera, se fortalece el Estado de derecho, se reduce el margen de discrecionalidad en las decisiones administrativas y se promueve una cultura institucional basada en la transparencia y la rendición de cuentas.

La posibilidad de interponer recursos administrativos, como el recurso de revocación o el recurso de inconformidad, otorga al gobernado la oportunidad de exponer sus argumentos, ofrecer pruebas, señalar agravios y solicitar la revisión de actos que le resulten perjudiciales. Esta interacción con la autoridad no solo mejora la calidad del procedimiento administrativo, sino que también incrementa la percepción de justicia, equidad y confianza en las instituciones públicas encargadas de supervisar el cumplimiento de la normatividad laboral y de seguridad y salud en el trabajo.

En el ámbito laboral, la relevancia de estos recursos es aún mayor debido a la naturaleza sensible de los derechos que están en juego: integridad física, condiciones dignas de trabajo, seguridad social, libertad sindical y estabilidad en el empleo. En muchas ocasiones, los actos de autoridad derivados de una inspección —como sanciones económicas, clausuras, requerimientos o restricciones operativas— pueden tener un impacto negativo inmediato y severo sobre la operación de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, que disponen de menores recursos legales y financieros para enfrentar procesos judiciales prolongados. En este contexto, los recursos administrativos constituyen una alternativa eficiente y expedita para resolver controversias sin necesidad de agotar instancias judiciales.

Una adecuada implementación y utilización de estos recursos permite corregir fallos administrativos, prevenir abusos de autoridad, evitar decisiones arbitrarias y fomentar una cultura de cumplimiento normativo voluntario y proactivo. Asimismo, promueve la confianza institucional, ya que los ciudadanos perciben que existen mecanismos efectivos, imparciales y accesibles para hacer valer sus derechos dentro del marco de la legalidad. Esta confianza es vital para fortalecer el tejido social y para propiciar relaciones laborales armónicas, equilibradas y sustentadas en la justicia.

Para que estos recursos cumplan eficazmente su función, resulta indispensable fortalecer la capacitación del personal que interviene en los procedimientos inspectivos, especialmente de quienes tienen la responsabilidad de resolver recursos y dictar resoluciones fundadas y motivadas. Se requiere un enfoque técnico, imparcial, expedito y transparente, que considere tanto la legalidad como los principios de equidad, proporcionalidad, imparcialidad y debido proceso. De igual forma, es imprescindible asegurar que los formatos, plazos y medios para presentar dichos recursos sean claros, razonables y conocidos por los sujetos regulados, con el fin de evitar omisiones por desconocimiento o por dificultades operativas.

Otro aspecto relevante para fortalecer la eficacia de los recursos administrativos es la revisión periódica de sus procedimientos. Esta revisión debe enfocarse en simplificar trámites, reducir tiempos de respuesta y aprovechar herramientas digitales y plataformas electrónicas para facilitar su presentación, seguimiento y resolución. Una administración pública moderna, eficaz, centrada en el servicio y orientada al cumplimiento normativo debe garantizar que estos instrumentos respondan a las necesidades actuales del entorno laboral ya los retos emergentes en materia de seguridad y salud ocupacional, relaciones laborales colectivas, digitalización del trabajo y nuevas formas de empleo.

También es importante considerar que el fortalecimiento de los recursos administrativos no debe verse únicamente como una obligación para las autoridades, sino como una responsabilidad compartida por todos los actores del mundo laboral. Las organizaciones sindicales, los colegios profesionales, las cámaras empresariales y las instituciones educativas tienen un papel clave en la promoción del conocimiento de estos instrumentos entre trabajadores y trabajadores. Fomentar una cultura jurídica laboral donde los recursos administrativos sean entendidos y utilizados adecuadamente es una inversión en estabilidad social, desarrollo económico y paz laboral.

En resumen, los recursos administrativos no solo representan un medio de defensa legal, sino que también constituyen un pilar indispensable para la gobernanza laboral, la consolidación del Estado de derecho y la protección efectiva de los derechos fundamentales en el trabajo. Lejos de ser mecanismos burocráticos, su correcta implementación y aplicación en el proceso de inspección puede marcar la diferencia entre la legalidad y la arbitrariedad, entre la sanción injusta y la corrección oportuna, entre el conflicto y la conciliación. Por ello, es responsabilidad del Estado garantizar su existencia, accesibilidad, transparencia y eficacia, al mismo tiempo que es deber de los ciudadanos conocerlos y ejercerlos en defensa de un entorno laboral justo, seguro y respetuoso de la dignidad humana.

Referencias

1.- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2023). Ley Federal del Trabajo. Diario Oficial de la Federación.

2.- Secretaría de Gobernación. (2022). Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Diario Oficial de la Federación.

3.- Tribunal Federal de Justicia Administrativa. (2023). Guía para la presentación del juicio de nulidad. TFJA.

4.- STPS. (2020). Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones. Diario Oficial de la Federación.

5.- Ramírez, MA (2021). Derecho administrativo laboral en México. Editorial Tirant lo Blanch.